HISTORIA

En cumplimiento del Acta Constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824, que dio origen a las entidades federativas, incluyendo al Estado de México, el 2 de marzo del mismo año quedó instalado el primer Congreso Constituyente de la entidad, reconociéndose esta fecha como el día de la fundación del Estado de México. Respecto a la función notarial, previamente a la referencia a su desarrollo en la provincia mexiquense, se citan algunos antecedentes históricos anteriores a la expedición en 1875 de la primera ley sobre la materia en el Estado.

La figura del Notario a través del tiempo es sólida, la certeza y seguridad jurídica de su actuación ha dejado huella en la historia, sus orígenes se remontan a los escribas egipcios y los tabeliones y tabularis romanos. En la cultura occidental, en un principio al Notario se le denominaba escribano, que era un especialista en la redacción de actos jurídicos, su oficio se amplió al conocimiento del derecho y adquiere fe pública, inicialmente de manera frágil hasta ser legislativamente aceptada.

Antes del descubrimiento de América, en Tenochtitlán existía un artesano denominado Tlacuilo, quien era el que dejaba constancia de los acontecimientos por medio de signos ideográficos y pinturas, con lo que guardaba memoria de los acontecimientos de una manera creíble, de ahí su parecido con el escriba egipcio y otras instituciones europeas. Ya en la Nueva España, la actividad de los escribanos fue muy importante, porque no obstante la falta de estabilidad de los funcionarios coloniales, dichos fedatarios daban continuidad y seguridad a los negocios y representaban un factor muy valioso para la recaudación fiscal.

Durante los iniciales años del virreinato, se creó la primera organización de escribanos de la Nueva España, con el nombre de Cofradía de los Cuatro Santos Evangelistas, en ejercicio de la licencia concedida por el arzobispo de México y el decreto expedido por el Virrey Martín Enríquez el 2 de septiembre de 1573, con sede en la Ciudad de México. Más adelante, por cédula otorgada por el rey Carlos IV el 19 de junio de 1792, se fundó el Real Colegio de Escribanos de México, a semejanza del establecido en Madrid, España.
Colegio de Notarios del Estado de México
Consumada la Independencia, en el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano del 18 de diciembre de 1822, se dispuso que la legislación positiva española, las leyes de Indias y demás decretos, provisiones y cédulas reales, dados durante la colonia, continuaran aplicándose en el México Independiente; sin embargo, se fueron dictando leyes y decretos que gradualmente separaron el derecho español del mexicano. Una vez que Maximiliano de Habsburgo fue proclamado emperador de México, publicó la Ley Orgánica del Notariado y del Oficio de Escribano de 30 de diciembre del 1865, que es propiamente el primer ordenamiento mexicano en la materia. A su vez, conforme a la Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del Distrito Federal, promulgada por el presidente Benito Juárez García el 29 de noviembre de 1867, se emitió el Reglamento del Colegio Nacional de Escribanos de 14 de noviembre de 1870.

Por lo que se refiere al Estado de México, en los primeros años de su existencia se emitieron algunas disposiciones legislativas relacionadas con la función notarial, sin embargo fue mediante decreto número 95 del Congreso de la entidad, que se expidió la primera Ley Orgánica de Escribanos Públicos del Estado, publicada en el periódico oficial “La Ley” de 10 de mayo de 1875, misma que regula la división de las funciones de los escribanos en actos de notario y de actuario, los exámenes para obtener el título de la profesión, el nombramiento gubernamental para ejercer, los deberes y prohibiciones, el protocolo de libros de 100 fojas, la autorización de instrumentos públicos y el cobro de honorarios conforme al arancel. Este ordenamiento fue abrogado por la segunda Ley de Notarios del Estado de México, emitida por decreto número 4 del Ejecutivo Estatal de 10 de octubre de 1916, impresa posteriormente en un folleto anexo a la Gaceta del Gobierno, que contemplaba distintas disposiciones relacionadas con los notarios, como los requisitos para ser nombrados, deberes y prohibiciones, arancel para el cobro de honorarios, protocolos y apéndices, escrituras y testimonios, licencias y responsabilidades.

Reviste gran importancia la tercera Ley del Notariado del Estado, plasmada en la Gaceta del Gobierno de 16 de junio de 1937, en cuanto que establece por primera vez el Consejo de Notarios de la entidad, integrado por un presidente, un secretario y un vocal, con duración de un año; y cuyas atribuciones consistían en vigilar el cumplimiento de la ley, auxiliar a la Secretaría General de Gobierno en la dirección del notariado y desempeñar funciones consultivas que le encomiende el Ejecutivo del Estado. Asimismo, el ordenamiento prevé que la función notarial puede ejercerse tanto por notarios públicos como por jueces de primera instancia y menores municipales; una sección de la Oficina del Registro Público de la Propiedad en Toluca, es la encargada del Archivo General de Notarías; y los notarios prestarán servicio social.

Fue en la cuarta Ley Orgánica del Notariado del Estado, divulgada en la Gaceta del Gobierno de 18 de abril de 1956, donde se establece por primera vez que los protocolos y apéndices pertenecen al Estado, quedando bajo custodia y responsabilidad del Notario durante cinco años; la diferencia entre escritura y acta notarial; la distinción entre visitas ordinarias y visitas especiales de inspección; la función de fedatario continua ejerciéndose por notarios y jueces de primera instancia y menores municipales; y el Consejo de Notarios está compuesto por un presidente, un secretario y tres vocales, electos cada dos años. Este cuerpo legal quedó sin efecto con la quinta Ley Orgánica del Notariado de la entidad, plasmada en la Gaceta del Gobierno de 11 de octubre de 1972, la cual señala que la función notarial la ejercerán únicamente los notarios de número, suprimiendo la actuación que hasta ese momento venían realizando los jueces de primera instancia y menores municipales; igualmente regula la suplencia de notarios y el uso del protocolo especial para las operaciones en que intervienen los gobiernos estatal y municipales; y prevé que el Consejo de Notarios será representado por un presidente, un secretario, un tesorero y tres vocales. En 1977, se emite por primera ocasión el Reglamento de la Ley Orgánica del Notariado del Estado, divulgado en la Gaceta del Gobierno de 15 de diciembre de ese año, regulando en detalle el ingreso a la función notarial, el Archivo General de Notarías y el arancel para el cobro de honorarios de los notarios.

Más adelante se expide la sexta Ley Orgánica del Notariado del Estado, publicada en la Gaceta del Gobierno de 23 de septiembre de 1994, que cambia la denominación del Consejo de Notarios por la de Colegio de Notarios del Estado al ser ésta más acorde a una agrupación de profesionistas, precisa que cuenta con personalidad y patrimonio propios, y es representado por un consejo compuesto por un presidente, un secretario, un tesorero y tres vocales, electos conforme lo disponga el reglamento; establece los exámenes para aspirante a notario como requisito para acceder a la función, y crea el protocolo abierto integrado por libros de 150 folios separados y el libro de cotejos. El Reglamento de dicha Ley Orgánica del Notariado de la entidad se dio a conocer en la Gaceta del Gobierno de 25 de enero de 1996, con el objeto de incorporar las disposiciones necesarias para facilitar la aplicación integral del indicado ordenamiento legal. En fecha 30 de septiembre de 1995, la asamblea general del gremio notarial aprobó el primer Reglamento Interior del Colegio de Notarios del Estado, difundido en la Gaceta del Gobierno de 9 de febrero de 1996, con la finalidad de normar la vida del organismo con personalidad jurídica y patrimonios propios, incluyendo la duración de dos años de los integrantes del Consejo Directivo.

El 4 de marzo de 2002 entra en vigencia la actual Ley del Notariado del Estado de México, plasmada en la Gaceta del Gobierno de 3 de enero de tal año, que suprime la referencia “orgánica” en la denominación de la misma, de la que resaltan algunos aspectos importantes para la función notarial, como: ejercicio de la función de los notarios en todo el territorio estatal, en lugar de la demarcación distrital anterior; alcance del nombramiento de notario provisional; obligación de los notarios de separarse de la función de manera temporal cuando participen como candidatos en algún proceso electoral; protocolo del patrimonio inmueble federal; obligación de que los actos, convenios y contratos sobre propiedad o posesión de bienes que se encuentren dentro del territorio estatal se protocolicen preferentemente ante Notarios de la entidad; definición del marco de actuación del Notario en procedimientos no contenciosos; establecimiento del fondo de garantía del notariado; y redefinición del trámite de la supervisión notarial.

Respecto al Colegio de Notarios del Estado, la vigente Ley del Notariado de la entidad señala que estará a cargo de un Consejo Directivo, formado por un presidente, que será electo por la asamblea general y los demás miembros que éste designe conforme al reglamento respectivo; y que tiene como atribuciones: promover la superación profesional de sus miembros y otorgarles reconocimientos cuando se distingan en el ejercicio de su función; preservar los valores jurídicos y éticos tutelados por la ley; auxiliar al Gobernador del Estado y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal en la vigilancia del cumplimiento de la ley y demás disposiciones notariales; asesorar en materia notarial al Gobierno del Estado; estudiar y opinar sobre los asuntos que le encomiende el Gobernador del Estado y la Consejería Jurídica; resolver las consultas que le formulen los notarios referentes al ejercicio de sus funciones; proponer modificaciones a las disposiciones relacionadas con la institución del Notariado; expedir su Reglamento Interno; proveer a los notarios de los folios para el protocolo ordinario, electrónico, especial, especial federal y para el libro de cotejos; administrar y operar el Fondo de Garantía del Notariado; designar a los notarios que habrán de desempeñarse como árbitros o mediadores; y nombrar en su representación a un notario para que asista a las inspecciones especiales.

Algunas disposiciones legales han sido remitidas por su propia naturaleza al Reglamento de la Ley del Notariado del Estado en vigor, previsto en Gaceta del Gobierno de 1 de agosto de 2002, que en relación al Consejo Directivo del Colegio de Notarios menciona que estará integrado por un presidente, un secretario, un tesorero y cinco vocales. Finalmente, el actual Reglamento del Colegio de Notarios de la entidad, divulgado en la Gaceta del Gobierno del 22 de diciembre de 2006, regula la organización y funcionamiento de la persona jurídica colectiva; y que respecto al Colegio de Notarios dispone que los integrantes del Consejo Directivo durarán en su cargo dos años.
FUENTES CONSULTADAS
MONDRAGÓN FIESCO, Silvia, La Pluma y el Papel. Semblanza Histórica del Notariado Mexiquense, Toluca, México, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México, 2013.

PANIAGUA HERNÁNDEZ, Hilda Leticia, La Legislación Notarial del Estado de México, en ESCRIVA, Revista del Colegio de Notarios del Estado de México, Número especial, Toluca, México, Colegio de Notarios del Estado de México, 2010.

PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo, Derecho Notarial, México, Editorial Porrúa, S.A. de C.V., Decimonovena edición, 2015.

Periódico oficial “La Ley” de 10 de mayo de 1875.

Periódico oficial “Gaceta del Gobierno”, fechas citadas.

RÏOS HELLIG, Jorge, La Práctica del Derecho Notarial, México, McGraw-Hill/Interamericana Editores S.A. de C.V., Octava edición, 2012.